Publicamos aquí, declaración del Ce.Pro.D.H. - Neuquén, ante las maniobras judiciales que dan continuidad a mas de 33 años de IMPUNIDAD a los GENOCIDAS.
CEsBA, Nqn.
La Jueza Federal de Neuquén, Margarita Gudiño de Arguelles -quien lleva adelante la investigación de los delitos de lesa humanidad -, resolvió en fecha 8 de Abril, declararse incompetente para investigar los casos de 22 víctimas de la dictadura militar de la zona, muchos de los cuales continúan desaparecidos al día de hoy. Se trata de los casos de: Jorge Asenjo, Gladis Sepúlveda, Carlos Chaves, Dora Seguel, Eduardo Guillermo Buasmscha, Eduardo Paris, Alicia Villaverde, Susana Mujica, Dario Altomaro, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarre, Mirta Tronelli, Carlos Schedan, Nora Rivera, Elida Sifuentes, Arlene Seguel, Eva Libertad Garrido, Argentina Seguel, Raúl Gonzalez, Raúl Eugenio Metz, Graciela Romero de Metz, su bebe desaparecido (que no lo nombran) y Cesar Dante Giliberto.
Estos en su mayoría, son los mismos que el ex Juez Guillermo Labate también se había declarado incompetente y que luego de que tanto desde la Fiscalia, como desde la querella del Ce.ProDH interpusiéramos recursos de reposición, diera marcha atrás y aceptara investigarlos en la misma causa. A pesar que esta cuestión ya estaba resuelta y firme, la Jueza Federal se vuelve a declarar incompetente y ordena que esos casos sean enviados al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca.
Desde el Centro de Profesionales Por los Derechos Humanos (CeProDH), manifestamos que es inadmisible que a la fecha estos casos de compañeros y compañeras sigan en la impunidad, y se quieran enviar a otra jurisdicción a que empiece de cero la investigación, cuando fueron parte del mismo accionar represivo. Entendemos que
esta decisión se encuentra a tono con la política nacional de desmembrar las causas, de juzgar a algunos genocidas y no a todos, de mostrar “celeridad” en las causas contra los genocidas a costa de impunidad. Porque la celeridad que mencionan tanto desde la Corte Suprema de Justicia, como desde el gobierno, implica “juzgar rápido” pero no a todos los genocidas, ni por todos los casos.
Esta declaración de incompetencia atenta también contra la propia historia de nuestra zona, negando el circuito represivo que conformaron todas las fuerzas represivas. Resulta elocuente que en el “Operativo Cutral Co” se hayan secuestrado a 10 personas y mientras algunos son investigados aquí y hay genocidas procesados por ellos, otros son enviados a Bahía Blanca, como los casos de Dora Seguel y Carlos Chaves. Entonces nos preguntamos ¿por qué sus casos no fueron imputados? ¿Por qué se los envía a Bahia Blanca si fueron secuestrados y torturados en la zona al igual que otros casos que si están en este tramo?
Desde la querella del CeProDH volveremos a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para impedir que se desguace la causa y se envíen a Bahía Blanca estos casos, a la vez que llamamos a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a manifestarse en contra de esta resolución que pretende seguir garantizando la impunidad en estos casos.
Centro de Profesionales Por los Derechos Humanos (CeProDH)
Telefono contacto abogadas de la querella:
Ivana Dal Bianco 0299 154 121 308
Romina Sckmunck 0299 154 086 428
Natalia Hormazabal 0299 155 010 068
La Jueza Federal de Neuquén, Margarita Gudiño de Arguelles -quien lleva adelante la investigación de los delitos de lesa humanidad -, resolvió en fecha 8 de Abril, declararse incompetente para investigar los casos de 22 víctimas de la dictadura militar de la zona, muchos de los cuales continúan desaparecidos al día de hoy. Se trata de los casos de: Jorge Asenjo, Gladis Sepúlveda, Carlos Chaves, Dora Seguel, Eduardo Guillermo Buasmscha, Eduardo Paris, Alicia Villaverde, Susana Mujica, Dario Altomaro, Cecilia Vecchi, Alicia Pifarre, Mirta Tronelli, Carlos Schedan, Nora Rivera, Elida Sifuentes, Arlene Seguel, Eva Libertad Garrido, Argentina Seguel, Raúl Gonzalez, Raúl Eugenio Metz, Graciela Romero de Metz, su bebe desaparecido (que no lo nombran) y Cesar Dante Giliberto.
Estos en su mayoría, son los mismos que el ex Juez Guillermo Labate también se había declarado incompetente y que luego de que tanto desde la Fiscalia, como desde la querella del Ce.ProDH interpusiéramos recursos de reposición, diera marcha atrás y aceptara investigarlos en la misma causa. A pesar que esta cuestión ya estaba resuelta y firme, la Jueza Federal se vuelve a declarar incompetente y ordena que esos casos sean enviados al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca.
Desde el Centro de Profesionales Por los Derechos Humanos (CeProDH), manifestamos que es inadmisible que a la fecha estos casos de compañeros y compañeras sigan en la impunidad, y se quieran enviar a otra jurisdicción a que empiece de cero la investigación, cuando fueron parte del mismo accionar represivo. Entendemos que
esta decisión se encuentra a tono con la política nacional de desmembrar las causas, de juzgar a algunos genocidas y no a todos, de mostrar “celeridad” en las causas contra los genocidas a costa de impunidad. Porque la celeridad que mencionan tanto desde la Corte Suprema de Justicia, como desde el gobierno, implica “juzgar rápido” pero no a todos los genocidas, ni por todos los casos.
Esta declaración de incompetencia atenta también contra la propia historia de nuestra zona, negando el circuito represivo que conformaron todas las fuerzas represivas. Resulta elocuente que en el “Operativo Cutral Co” se hayan secuestrado a 10 personas y mientras algunos son investigados aquí y hay genocidas procesados por ellos, otros son enviados a Bahía Blanca, como los casos de Dora Seguel y Carlos Chaves. Entonces nos preguntamos ¿por qué sus casos no fueron imputados? ¿Por qué se los envía a Bahia Blanca si fueron secuestrados y torturados en la zona al igual que otros casos que si están en este tramo?
Desde la querella del CeProDH volveremos a presentar todos los recursos judiciales que sean necesarios para impedir que se desguace la causa y se envíen a Bahía Blanca estos casos, a la vez que llamamos a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a manifestarse en contra de esta resolución que pretende seguir garantizando la impunidad en estos casos.
Centro de Profesionales Por los Derechos Humanos (CeProDH)
Telefono contacto abogadas de la querella:
Ivana Dal Bianco 0299 154 121 308
Romina Sckmunck 0299 154 086 428
Natalia Hormazabal 0299 155 010 068
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